A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las reformas que despenalizan el aborto en el Distrito Federal, integrantes de ese organismo expusieron sus argumentos a favor de esa legislación.
En la audiencia pública que destinó la Corte para escuchar posturas a favor de las reformas aprobadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), participó Juliana González, integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, quien discrepó de la posición de su presidente, José Luis Soberanes.
En su exposición, González Valenzuela afirmó que su postura es compartida por otros integrantes del consejo, como Fernando Serrano Magallón, Paulette Dieterlen Struck, Ricardo Pozas Horcasitas y Miguel Carbonell Sánchez.
Ante los ministros del alto tribunal, dijo que cinco de los 10 miembros del Consejo Consultivo ven con preocupación la iniciativa del titular de la CNDH, de la que fueron informados después de que se presentó la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
La consejera precisó que Soberanes Fernández tiene por ley la facultad de fijar su postura de forma unilateral, pero difieren que lo haya hecho desde el punto de vista intelectual y moral, pues el tema de la despenalización del aborto precisa dejar de lado puntos de vista ideológicos, religiosos y de militancia política.
“Hay consenso en el sentido de que el aborto es un mal, es un hecho que puede ser negativo, y lo es para cualquier mujer, pero si el aborto es considerado negativo, es doblemente negativo penalizarlo”, subrayó.
Añadió que los consejeros parten de la premisa de que esa práctica es una cuestión controvertida y controvertible, y que “no es un problema en el que pueda haber una única interpretación o una sola
posición”, pues no hay una posición clara sobre cuándo inicia la vida o cuándo se puede atribuir humanidad al proceso de gestación.
A su vez, la diputada local Leticia Quezada Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, expresó su preocupación de que existan posturas “misóginas y oscurantistas” de la CNDH y la Procuraduría General de la República (PGR) que pretendan frenar el reconocimiento de los derechos jurídicos de la mujer.
Indicó que la razón por la que hace un año se aprobaron las iniciativas de ley en materia de interrupción del embarazo, fue para reconocer una realidad existente para las mujeres mexicanas.
Antes de la reforma, explicó, ese sector se enfrentaba a una legislación que las convertía en delincuentes, además de que criminalizaba la pobreza y fomentaba la exclusión social.
En su oportunidad, Alberto Begné Guerra, presidente nacional de Alternativa Socialdemócrata, manifestó que el debate de la despenalización del aborto nada tiene que ver con las creencias religiosas o concepciones morales, que en un Estado laico son inherentes.
Señaló que no es una autoridad religiosa la que impone leyes, sino una autoridad dentro de un Estado laico que otorga el derecho a decidir sobre salud reproductiva, en defensa de la pluralidad y las libertades, y subrayó que “nadie está a favor del aborto”.
Juan Antonio Cruz Parcero, de Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, apuntó que sorprende que la CNDH y la PGR “hayan borrado por completo” los derechos de la mujer a la salud, la
integridad y a la vida, sin ver el problema a fondo.
“Nadie considera que abortar sea bueno, lo ideal sería prevenir embarazos no deseados, pero ponderar el derecho a la vida del producto de la concepción frente a los derechos de la mujer es otorgar un `súperderecho” al producto, que no es una persona ni en sentido jurídico ni en el sentido común”, enfatizó.
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