* Realizan cuarta audiencia pública sobre despenalización del aborto

Representantes de organizaciones sociales pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no dar categoría de delincuentes a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Durante la cuarta audiencia pública sobre la despenalización del aborto en la capital, Perla Vázquez Díaz, de la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos ELIGE manifestó que “sería lamentable” que la sentencia de la Suprema Corte le diera “la categoría de una delincuente”.

Así lo expresó la activista sobre la decisión que habrá de emitir la Suprema Corte en torno a la constitucionalidad de las reformas al Código Penal del Distrito Federal que despenalizan la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

En esta audiencia en la que participaron especialistas, organizaciones y legisladores que están a favor de estas modificaciones, Vázquez Díaz apuntó que declarar inválida esta norma significaría “un regreso a la clandestinidad y una afectación al derecho a decidir”.

Señaló que no se puede restringir el derecho a elegir sobre el cuerpo, “sería lamentable que su sentencia me diera la categoría de un delincuente y que el país nos negara la ciudadanía como mujeres jóvenes”, dijo ante los ministros sobre las consecuencias penales por abortar.

En la sede alterna de la SCJN, donde se llevan a cabo estas audiencias, Perla Vázquez dijo que la legislación vigente en la materia evita que más mujeres mueran por practicarse abortos en malas condiciones, en especial las jóvenes.

A su vez, Patricia Silva Rosales, quien participó en esta audiencia pública a título personal, señaló que no se puede amenazar a las mujeres con la privación de la libertad si se interrumpe el embarazo.

Ante el pleno del máximo tribunal del país sostuvo que “los derechos nunca pueden ir a la baja. Se hace justicia dando cada vez más derechos a más personas, no quitando los ganados”.

Mientras, Gabriela Rodríguez Ramírez, de la Red Democracia y Sexualidad, mencionó que las reformas contienen planes de prevención que tienen como objetivo evitar los embarazos no deseados y reducir
el número de abortos a través de la atención y prevención de los embarazos.

Fátima Juárez, investigadora especialista en salud reproductiva del Colegio de México, recalcó que la prohibición en las leyes no va a reducir el número de abortos y que éstos se evitan con información
reproductiva.

En tanto que Pedro Isabel Morales Aché, del Grupo de Información en Reproducción Elegida, descartó que el “destino fatal” de las mujeres sea la reproducción y enfatizó que el derecho a la vida debe ser interpretado no sólo en su parte negativa, sino como un derecho a la vida digna de las mujeres.

Fray Julián Cruzalta Aguirre, del Instituto de Asistencia Integral, consideró que las reformas dieron origen a una “ley bondadosa”, que respeta el uso de vida de muchas mujeres, libertad de conciencia, pues no es una ley basada en una sola moral o ética y tampoco es una ley que obligue a abortar.

Añadió que la legislación que ya se aplica en el Distrito Federal, evita discriminaciones y no mira al aborto como un anticonceptivo, pues “nadie en su sano juicio promueve el aborto”, y sólo da una alternativa como último recurso.